Por: Julio Antonio Pérez Espinosa

En efecto, coincido con el Dr Heraldo Muñoz al mencionar los esfuerzos que el Gobierno de México viene realizando desde hace décadas en favor de sus pueblos indígenas. A principios dela década de los 90, México tuvo un cambio dramático en la Constitución Política, por primera vez se reconoce como una Nación multiétnica y pluricultural (1992: párrafo 2° del Art 4° Constitucional, como producto de una larga lucha sostenida desde la aparición de la Declaración de Barbados. Sin embargo y hasta la fecha, 21 años después, jamás se logró su consolidación por una omisión histórica del poder legislativo al negar la posibilidad de establecer las leyes secundarias que le otorgaran especificidad en las normas nacionales, que le dieran contenidos concretos que pudiesen ser vinculantes con la realidad de los pueblos indígenas: El surgimiento del conflicto en Chiapas y el surgimiento del EZLN, no fue suficiente para enmendar tal omisión histórica y a la fecha, podemos observar que muy poco ha cambiado la situación de la pobreza extrema en la que viven cientos y miles de pobladores de las comunidades y regiones indígenas más apartadas: Un problema que pocas veces es observado para el caso de la inclusión política y social de los pueblos indígenas en los contextos democráticos.
La representatividad, desde el interior de las propias comunidades esta práctica no se realiza necesariamente mediante ejercicios de democracia y ciudadanización activa. Normalmente se llevan a cabo mediante lo que se denomina comúnmente como Usos Y Costumbres, lo que en los hechos como las asambleas de mano alzada, se anteponen al espíritu de la democracia. En los espacios del poder legislativo, quienes dicen ser sus representantes, poco o nada tienen que ver con la esencia: No representan a ningún pueblo en concreto ni son portadores de una agenda legislativa emanada del consenso, la discusión y el debate entre los pueblos indígenas; son mundos aparte y no pocas veces opuestos. En Ginebra, Suiza, fui testigo presencial (1993, Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas de la ONU), de la muy cuestionable representación de los pueblos indígenas que asistían para participar y dar seguimiento al avance de los trabajos de la Declaración Universal Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, trabajos que contaban con la presencia de la Sra Rigoberta Menchú, la mayoría de los miembros representantes de los pueblos de América del Sur, tenían muchos años de residir en Ginebra, cobijados al amparo de de ONGs sin ninguna actividad visible en América latina, tal vez la excepción era el Consejo Mundial de Iglesias. Todos estos representantes, poco o nada ya tenían que ver con la realidad expresa de sus pueblos de origen, se habían convertido en una especia de asistentes permanentes a foros y reuniones, con mucha exposición mediática pero sin ningún efecto positivo. De entrada porque los representantes gubernamentales de sus propios países no les otorgaron ningún reconocimiento, menos aún los pueblos a quienes decían representar. Ello es solo un ejemplo de un asunto que permanece ausente en la vasta problemática de los pueblos indígenas: Quien o quienes representan tal diversidad, como en el caso de México, quien o quienes tienen la voz y qué tanta congruencia y consistencia existe entre lo plasmado en el papel y los hechos cotidianos.